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Cuestión territorial y modelo social

Francisco Ramos 26/07/2012 16:45:10
"Como catalanes pagamos muchos impuestos, por lo que tenemos derecho a que el Estado nos dé respuestas". Son palabras de Artur Mas en el debate del Parlament sobre el concierto económico. Se trata de una imagen cargada de intención política, porque nadie paga impuestos como catalán, extremeño o castellano y leonés, sino como propietario de bienes o perceptor de rentas o beneficios.

Paga impuestos la ciudadanía, no el territorio. Los más ricos pagan más -o así debiera ser- y también se benefician más de un mercado cuanto más amplio mejor. Esto vale para Cataluña en España y para Alemania en Europa.  El discurso nacionalista de los ricos es el de la balanza fiscal, pero ocultan el de la balanza comercial o incluso el del saldo migratorio, que tanto desarraigo y desolación conlleva.

En el escenario de las crisis que nos ahogan este es un debate aparentemente extemporáneo, pero con futuro, porque tanto el PP como  los partidos nacionalistas han venido obteniendo  sus mejores rendimientos electorales del debate territorial y lo saben bien. Éstos de sus propuestas descentralizadoras y  aquel de calificarlas como secesionistas y contraponerlas a un modelo de Estado más centralizado.

Tanto el PP como los nacionalistas catalanes necesitan ocultar los desastrosos  resultados de su gestión de la crisis económica: recortes de derechos y sufrimientos que se revelan inútiles y hasta contradictorios con  los objetivos que los justifican, que nos sumergen en el círculo vicioso de la recesión. Les queda el debate territorial.

El Estado de las autonomías ha acabado siendo el chivo expiatorio de la indignación ciudadana como consecuencia de la crisis, por la dificultad de entender nuestro federalismo tendencial y por el efecto de los ataques (mal)intencionados que ha venido recibiendo como gestor de los grandes servicios del Estado de bienestar por parte de quienes aspiran a quedarse con la mejor parte del pastel, si estos servicios se privatizan en alguna medida.

El PP espera encontrar en el rescate europeo la coartada para su programa de máximos en el modelo territorial, como lo ha hecho en el modelo social. Pero el debate territorial le da rendimientos electorales, mientras que los recortes sociales le imputan costes políticos, porque  la adhesión a los servicios y prestaciones del Estado de bienestar es en España muy transversal a todas las opciones políticas.

Los nacionalistas van a encontrar en este debate su Numancia particular tras las murallas del agravio comparativo, que se agrandan en las situaciones de crisis, precisamente cuando más falta hacen horizontes que permitan mirar lejos y con amplitud de foco.

Auguro por ello un protagonismo forzado al debate territorial en España, por más que el debate de la salida de la crisis sea el de nuestro modelo de Estado en su dimensión integrada de Estado social y autonómico. En este debate siempre han pesado más los elementos simbólicos que los económicos y sociales.

El PSOE, que de lo que obtiene más rendimiento político es del discurso sobre el Estado de bienestar, tiene la responsabilidad de mantener ese debate en el primer plano de la agenda de comunicación, en un escenario de pérdida de derechos en el que la ciudadanía da un nuevo valor político a servicios y prestaciones que antes disfrutaba con naturalidad y daba por descontados desde el punto de vista electoral.

El punto de encuentro de los debates territorial y social es la reconocida eficiencia que se deriva de una gestión pública de proximidad, pegada al terreno y ágil para responder a cambios de velocidad creciente con efectos diversos en cada contexto social y territorial. La necesidad de autoafirmación de administraciones todavía muy jóvenes, junto con los efectos narcóticos de la burbuja económica y el ensimismamiento de las élites políticas autonómicas han impedido a las Comunidades distinguirse por los valores de eficiencia, agilidad y participación sin los que la descentralización tiene poco sentido.

Francisco Ramos. Sociólogo. Procurador en las Cortes de Castilla y León.
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